El crimen organizado también se digitalizó
Las organizaciones criminales han incorporado las tecnologías digitales a sus actividades. Aplicaciones de mensajería, teléfonos inteligentes y plataformas digitales pueden ser utilizadas para coordinar acciones delictivas, realizar amenazas, extorsionar o mantener contacto entre integrantes de una organización.
Esta situación plantea un nuevo desafío para el Estado: ¿cómo utilizar la tecnología para combatir el crimen organizado sin afectar los derechos de millones de ciudadanos que utilizan diariamente estas plataformas?
La respuesta no debería ser bloquear aplicaciones ni establecer mecanismos de vigilancia indiscriminada.
El camino debe ser fortalecer las capacidades de inteligencia digital, investigación criminal y cooperación institucional.
Del incidente aislado a la organización criminal
Una denuncia por extorsión puede parecer inicialmente un hecho aislado.
Sin embargo, cuando las instituciones pueden analizar información de diferentes investigaciones y fuentes autorizadas, pueden aparecer relaciones y patrones que permitan comprender mejor el fenómeno criminal.
Por ello, el Estado debería evolucionar desde un modelo basado únicamente en la atención de casos individuales hacia un modelo de inteligencia integrada.
El objetivo es pasar:
del incidente → al patrón → a la organización criminal.
Una capacidad nacional de inteligencia digital
Una de las propuestas que podría evaluar el Gobierno es desarrollar una capacidad nacional para integrar y analizar información relacionada con delitos cometidos mediante medios digitales.
Esta capacidad permitiría que las instituciones competentes puedan trabajar de manera coordinada, dentro de sus respectivas atribuciones, para identificar amenazas y generar información útil para la prevención y la investigación.
La tecnología podría incorporar capacidades de:
- análisis de información;
- inteligencia artificial;
- identificación de patrones;
- análisis de relaciones;
- gestión de alertas;
- visualización de información;
- apoyo a las investigaciones.
El propósito no sería reemplazar al investigador, sino proporcionarle mejores herramientas para comprender fenómenos criminales complejos.
¿Y WhatsApp?
El uso de aplicaciones de mensajería representa un reto particular debido a las tecnologías de protección de las comunicaciones que utilizan.
Por ello, una estrategia nacional no debería depender exclusivamente del acceso al contenido de las conversaciones.
El enfoque debe ser mucho más amplio y centrarse en la investigación criminal, la inteligencia, la evidencia digital y la cooperación con los actores tecnológicos, siempre dentro del marco legal correspondiente.
Cuando una investigación requiera acceder a información protegida, deberán aplicarse los mecanismos y autorizaciones establecidos por la legislación peruana.
Un esfuerzo que requiere varias instituciones
Ninguna institución puede enfrentar por sí sola este problema.
La lucha contra el crimen organizado requiere coordinación entre las entidades responsables de seguridad, inteligencia, justicia, telecomunicaciones y ciberseguridad.
Esto permitiría aprovechar las capacidades existentes y evitar que información relevante permanezca aislada entre diferentes instituciones.
El desafío no es solamente tecnológico.
También es organizacional, legal y operativo.
Inteligencia artificial como herramienta de apoyo
La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta importante para procesar grandes volúmenes de información y ayudar a identificar comportamientos o relaciones que merezcan una revisión especializada.
Sin embargo, una alerta generada por un sistema no debería convertirse automáticamente en una acusación.
La tecnología debe servir para apoyar al analista y al investigador, manteniendo la intervención humana y los controles correspondientes.
¿Qué debería hacer el Gobierno?
Una estrategia nacional podría considerar cinco líneas de acción:
1. Fortalecer la inteligencia digital.
Desarrollar capacidades especializadas para enfrentar el uso criminal de tecnologías digitales.
2. Integrar información institucional.
Mejorar el intercambio seguro de información entre las entidades competentes.
3. Utilizar nuevas tecnologías.
Incorporar inteligencia artificial y herramientas de análisis para apoyar las investigaciones.
4. Fortalecer la cooperación.
Establecer mecanismos de coordinación con operadores de telecomunicaciones y plataformas tecnológicas, conforme al marco legal.
5. Garantizar controles.
Toda capacidad tecnológica debe contar con reglas claras, supervisión, trazabilidad y respeto de los derechos fundamentales.
El objetivo: desarticular redes, no vigilar ciudadanos
La tecnología debe estar al servicio de la seguridad pública, pero también debe utilizarse responsablemente.
El objetivo no debería ser controlar las comunicaciones de todos los ciudadanos ni limitar el uso de aplicaciones legítimas.
El objetivo debe ser mejorar la capacidad del Estado para detectar, investigar y desarticular organizaciones criminales que utilizan tecnologías digitales para cometer delitos.
El crimen organizado ya utiliza tecnología.
El Estado también debe fortalecer sus capacidades tecnológicas.
Una oportunidad para el Perú
El siguiente paso podría ser la construcción de una capacidad nacional de inteligencia digital contra el crimen organizado, tomando como referencia experiencias internacionales y adaptándolas a la realidad peruana.
No se trata simplemente de adquirir una nueva plataforma tecnológica.
Se trata de construir una capacidad permanente que combine:
personas + tecnología + inteligencia + coordinación institucional + marco legal.
Porque frente a un crimen organizado cada vez más digital, la seguridad del Estado también debe evolucionar hacia una estrategia de inteligencia digital.
